Un fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona o institución (fideicomitente) asigna recursos para que una entidad financiera los administre (fiduciario), en favor de un beneficiario. Esto para lograr un objetivo, que puede ser cualquiera que sea lícito. En el sector público también se utilizan estos instrumentos.
Los fideicomisos públicos en sí mismos tienen varias ventajas, que enlistamos aquí. Sin embargo, en México existen los fideicomisos públicos sin estructura, y son los que preocupan más. También desglosamos sus ‘contras’.
Los pros de todos los fideicomisos públicos
• Sirven para asegurar que los recursos se destinen a un fin u objetivo específico.
• Son útiles para garantizar que un proyecto o iniciativa que requiere de un presupuesto multianual cuente con recursos para poder concluirse.
• Son especialmente necesarios para proyectos de infraestructura, que por lo general se construyen en un plazo de varios años.
• Permiten resguardar ahorros.
• Son herramientas que le dan flexibilidad de operación al gobierno.
• Algunos entes públicos que generan ingresos propios, como las universidades públicas, pueden constituir fideicomisos para mantener ahí los recursos.
Los contras de los fideicomisos sin estructura
• Su regulación en el marco normativo no ha sido la adecuada. Como resultado, la mayoría son poco transparentes y presentan deficiencias que impiden una apropiada rendición de cuentas. A este tipo de fideicomisos no se les obliga a publicar sus estados financieros.
• Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que representan mayores riesgos para las finanzas públicas.
• No tienen órganos de control interno, y por lo tanto, no cuentan con un instrumento que les permita asegurar el buen manejo de los recursos públicos.
• Pueden contraer deuda que no se registra ni en el déficit, ni en la Cuenta Pública.
• Los recursos que se transfieren a éstos no regresan al cierre del año fiscal a la Tesorería de la Federación (Tesofe), como el resto de los recursos públicos debe hacerlo. En el caso de los fideicomisos, una vez que los recursos son aportados, éstos se consideran gasto devengado contablemente hablando [1], haciendo creer que el dinero ya se usó en el objetivo previsto, lo que no necesariamente es así. Aunque estos contras aplican a todos los fideicomisos, es más alarmante en el caso de los fideicomisos sin estructura.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), el número de fideicomisos sin estructura ha venido disminuyendo. Sin embargo, el monto de recursos en éstos ha aumentado. Al cierre del año 2018, la SHCP reportó la existencia de 335 fideicomisos públicos sin estructura[2] y análogos.
El monto total de recursos (disponibilidades[3]) reportadas en fideicomisos públicos sin estructura y análogos al cierre de 2018 ascendió a 878.7 mil millones de pesos. El 99% de estos recursos están en fideicomisos federales.
[1] Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de los bienes, servicios y obras oportunamente contratados.
[2] Incluye fideicomisos y figuras análogas estatales y privados.
[3] La disponibilidad es igual al saldo del año anterior más aportaciones de recursos fiscales, aportaciones de recursos propios (federales), rendimientos financieros de la cuenta o subcuenta, otras aportaciones, y otros productos y beneficios; menos el pago de honorarios y comisiones fiduciarias o bancarias, entero de rendimientos financieros a la Tesofe, y egresos del periodo que se reporta.