Publicado 11-02-2020, 16:53 hrs.
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Es una organización de carácter técnico con capacidad de monitorear, evaluar y proyectar las finanzas públicas (ingreso, gasto y deuda pública) de manera objetiva y profesional. Puede contribuir a que se tomen mejores decisiones de política fiscal.
La evidencia señala que la existencia de un CF puede promover una mejor disciplina fiscal en los países[1] y ayudar a fortalecer el diseño del presupuesto, ya que genera estimaciones de variables macroeconómicas y de ingresos, deuda y gasto más objetivas. Sin embargo, esto ocurre sólo cuando el Consejo Fiscal tiene el diseño institucional adecuado. Dentro de las condiciones clave para que tenga impacto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado: 1) Que sea independiente de la influencia política (apartidista), y 2) Que tenga voz en el debate público sobre temas fiscales, reforzada con presencia en los medios para poder presentar sus hallazgos y análisis.
México recauda poco. Mientras que en promedio la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe (ALC) es de 22.8% del PIB, en México es de 16.1% (CEPAL y OCDE 2007)[2]. Los ingresos petroleros no son los de antes y su participación en los ingresos totales ha venido disminuyendo; esto se debe especialmente a la caída en la producción de petróleo que se viene observando desde 2004, tendencia que no ha podido cambiarse.
Por otra parte, existen gastos obligatorios que han venido creciendo, como el pago de pensiones, que pasó de ser 1% del PIB en 2000 a 3.7% del PIB en 2020. Este gasto y otros presionan a las finanzas públicas. Hay poco espacio disponible para llevar a cabo nuevos programas y financiar políticas públicas. Rubros prioritarios de gasto, como los orientados a infraestructura, salud y educación, se han estancado.
No hay un ente oficial e independiente que esté evaluando y monitoreando los diversos desafíos de finanzas públicas. Aunque existen el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez en el Senado, éstos no tienen todas las atribuciones de un Consejo Fiscal hecho y derecho. Por ejemplo, no tienen como mandato evaluar la política fiscal ni evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales. Tampoco tienen como función llevar a cabo proyecciones periódicas de las variables macroeconómicas y fiscales ni evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Estos centros tampoco fungen como un ente independiente que ponga sobre la mesa de discusión las consecuencias e implicaciones de llevar a cabo determinada política fiscal.
Una primera propuesta apunta a fusionar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado, y transformarlos para que tengan las características, atribuciones y diseño de un verdadero Consejo Fiscal.
Lo que se busca es que el Consejo Fiscal sea un instituto en el Congreso, pero con garantías estrictas que aseguren su independencia y apartidismo. De lo que se trata es que el Consejo Fiscal esté cerca del Congreso, pues éste último es un tomador de decisiones relevante en la materia presupuestaria y fiscal, al ser la instancia que aprueba las leyes al respecto y el Paquete Económico cada año.
Es importante señalar que actualmente el CEFP está acéfalo: no se ha nombrado a un director formal que lo presida, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública se ha quedado sin presidente, con la salida en enero de 2020 del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Algunos de los ‘productos’ que deberá elaborar el CF son: 1) Opinión del Paquete Económico presentado y el aprobado, incluyendo opinión sobre las asignaciones presupuestarias; 2) Informe bianual de la evaluación de la sostenibilidad fiscal; 3) Informe bianual con proyecciones de indicadores macroeconómicos y fiscales en momentos presupuestarios clave; 4) Informe con evaluación del cumplimiento de la regla fiscal.
[1] FMI. De “The Functions and Impact of Fiscal Council”, July 16, 2013
[2] Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, 2019. Publicación conjunta de OCDE, CEPAL, CIAT, BID y ALC. La proporción de recaudación tributaria sobre PIB se mide como los ingresos tributarios, incluyendo Cuotas de seguridad social (CSS) pagadas al gobierno general, como proporción del PIB. Disponible aquí.
[3] Además, es importante que las personas que ocupen estos cargos no tengan afiliación a ningún partido político, precisamente para asegurar objetividad en el análisis. Y si alguna vez pertenecieron a algún partido político debe darse tiempo para el enfriamiento de este vínculo.
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