En estos momentos, la situación de las finanzas públicas no está para presumir. Sí, la recaudación en el primer trimestre del año (1T20) registró ingresos excedentes, que representaron el 5% (48 mil millones de pesos) de los ingresos tributarios aprobados, pero no fueron suficientes para compensar el descalabro que exhibieron los ingresos petroleros. De éstos últimos el Gobierno habla poco, y se entiende: cayeron 27% (50 mmdp) en el 1T20, en relación con el mismo trimestre del año anterior, y quedaron 41% (94 mmdp) por debajo de su meta trimestral —cabe aclarar que si no tomamos en cuenta la transferencia directa por 16 mmdp que Pemex recibió del Gobierno Federal en el trimestre en cuestión, esa caída sería mayor: de 52% (120 mmdp).

Si quitamos las transferencias realizadas a la fecha, los ingresos petroleros en realidad mostraron una caída mayor, de -52% (120 mmdp). Ahora, esas “muletas” no se pagan solas.

Para subsanar esa enorme pérdida de ingresos recurrentes, el Gobierno ha tenido que conseguir más ingresos no recurrentes. ¿Cómo? Liquidando fideicomisos.

Aunque en el momento de escribir este Corte de caja todavía no contábamos con el reporte de Hacienda, los ingresos petroleros seguramente se debilitaron aún más a partir de abril, dada la evolución negativa de los precios de la MME (Mezcla Mexicana de Exportación) y una plataforma de producción a la baja —algo natural si tomamos en cuenta que atravesamos por una recesión global, que reduce la demanda agregada de crudo—. El problema más grave es que la recaudación tributaria estará todavía menos dispuesta a compensar la debilidad de los ingresos petroleros, pues sufrirá sus propios reveses. 

Señales de la recesión anunciada

La afectación económica que han ocasionado las medidas de aislamiento social y suspensión de varias actividades económicas se agudizó en abril y seguramente lo hará en mayo.

Los primeros datos de desempleo en abril confirman que la recesión será más profunda que la observada en las crisis de 1995 y 2009. El IMSS reportó que, como consecuencia de los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, sólo en el mes de abril se eliminaron 555 mil 247 puestos de trabajo; en el acumulado enero-abril la disminución de empleo alcanzó un sótano histórico: 493 mil 746 puestos. 

A pesar de las claras evidencias, el Gobierno Federal no reconoce la magnitud del shock económico que se nos viene encima. Los pronósticos de crecimiento del PIB en 2020 lo ejemplifica: mientras diversos analistas prevén una caída de 8.2% (y más), el Gobierno estima una contracción de sólo 2.9%.

Si el crecimiento económico resulta menor al esperado por el Gobierno, se van a perder más ingresos públicos de lo estimado, pues de manera directa la recaudación de impuestos se ve afectada por la menor actividad económica. Por cada punto de crecimiento económico negativo del PIB se pierden 34.2 mmdp en la recaudación. Con una caída de 8% pueden perderse hasta 345 mmdp en recaudación; es decir, 122% (190 mmdp) más de lo que SHCP estima.

Sí, el boquete fiscal viene duro.

Nuevos impuestos… ¿para qué?

Ya hay voces, como la del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que llaman a la recaudación de nuevos impuestos. Claro que es necesario fortalecer los ingresos del Gobierno, pero también es fundamental asegurarse de que se gasten mejor. Los recursos deben irse a los proyectos y programas que sean costo-efectivos y que generen los mayores beneficios para los ciudadanos. Hoy se insiste en varios de ellos muy cuestionables en ese sentido (Dos Bocas, Tren Maya), pero en general la estrategia del gasto no está puesta para un fin razonable. Veamos por qué. 

Desde 2015 los ingresos petroleros han perdido terreno dentro de los ingresos totales del sector público, pero en el último año lo han hecho de manera estrepitosa. Mientras en el 1T14 los ingresos petroleros representaron el 30% de los ingresos totales, en el 1T19 representaron 14%. En el 1T20, su participación en los ingresos totales fue 9%, la más baja que se ha observado en un primer trimestre desde el 2000: representó la mitad de lo que en 2018. 

Esto significa que los ciudadanos aportamos a la bolsa del Sector Público, en 1T20, 69 pesos de cada 100 pesos, mientras que los ingresos petroleros aportaron sólo 9 pesos de 100.

Con todo y este elocuente panorama, por el lado del gasto Pemex continuó siendo una prioridad —y los ciudadanos no tanto—. De cada 100 pesos que el sector público invirtió al 1T20, 46 pesos fueron para Pemex. 

En contraste, el gasto en inversión pública para salud pasó de ser 3% del total de inversión pública en el 1T2019 a 1% en el 1T2020. Es un gasto que, a pesar de ser prioritario, ha mantenido una participación baja respecto al total del gasto en inversión—en el 1T18 fue 3% del total y en 1T17 fue 2%—. Entretanto, el gasto en inversión en educación también se ha mantenido estancado; en 1T20 representó 3% del gasto total en inversión del sector público. Mientras la inversión en el sector hidrocarburos fue de 46% en el 1T20 y en el 1T19.

Esto definitivamente no es apostar por el bienestar de los ciudadanos.

Conclusión

En materia de gasto público, Pemex sigue siendo una prioridad en la estrategia de inversión pública, ya que el Gobierno federal le destina importantes recursos de su inversión. Sin embargo, eso ha implicado menores recursos públicos para otros rubros prioritarios que aseguran la protección de los derechos de los ciudadanos, como el derecho a la salud —es sumamente bajo el gasto de la infraestructura a la salud—. 

Sin duda, el costo de oportunidad de mantener esa estructura de ingresos está siendo muy alto. Los ingresos petroleros del Gobierno son un mal negocio para los ciudadanos.