De acuerdo con el Global Infrastructure Outlook, cuando un país invierte en infraestructura promueve directamente la calidad de vida de sus ciudadanos a través del acceso a servicios básicos. Esta inversión significa, por ejemplo, que la población tenga acceso a agua limpia y segura para beber y para comer; representa la posibilidad de tener carreteras y caminos que permiten la movilidad de personas y bienes. Es también energía eléctrica en los hogares y las empresas, entre otros rubros.
En consecuencia, si un país no gasta lo necesario en infraestructura afecta la provisión de bienes y servicios públicos.
Una preocupación en torno al Paquete Económico 2020 tiene que ver con la baja inversión en infraestructura[1] que propone: es la quinta caída de este gasto en un periodo de seis años. Para 2020 se propone que el gasto total del sector público en infraestructura, incluyendo a Pemex, sea de 2.4% del PIB. Si no incluimos a Pemex, este gasto será de 1.3% del PIB, un porcentaje extremadamente bajo.
La inversión física pública por habitante, sin considerar a Pemex, revela de igual manera cómo cada vez se invierte menos en este rubro. En 2014 se alcanzó un monto máximo de inversión por habitante de 4,836 pesos. Para 2020 se espera que esta cifra sea de 2,704 pesos, una caída de 44% real.
Al analizar con mayor profundidad, se puede ver que el gasto en infraestructura para la industria de los hidrocarburos gozará de un aumento del 25%, mientras que el que se dirige al resto de los sectores sufrirá un recorte de 11%. Por ejemplo, para 2020 se plantea una caída en inversión en infraestructura en agua de 35%, con respecto a 2019. En transporte, la disminución también es de 35%; en seguridad nacional, de 16% y en salud, de 5%.
Dicho en otras palabras, de cada 100 pesos destinados a inversión física pública casi 50 son para Pemex; tres pesos para salud, dos para educación y 43 centavos para agua.
Nuestro país no está gastando lo que se necesita para superar su rezago en infraestructura. El Global Infrastructure Outlook estima que México debería invertir en infraestructura casi el doble de lo que actualmente hace[2], considerando sus necesidades en este sector. Mientras el faltante de inversión promedio en América Latina es de 27%, en México el faltante será de 47% en 2020.
A nivel local la situación tampoco es alentadora. Las entidades en México han privilegiado el gasto corriente, en detrimento del gasto en inversión pública. Desde 1990 el gasto en nómina (servicios personales) creció 377% como promedio nacional, mientras la inversión lo hizo en 54%.
Si en este ámbito subnacional comparamos a nuestro país con naciones de nivel de desarrollo similar, tampoco sale bien parado. El gasto en inversión en nuestras entidades federativas fue de 0.3% del PIB en promedio en 2016 (CEPAL). Entretanto, en Colombia el gasto en inversión en los estados, para el mismo periodo, fue de 8.9% del PIB. En Bolivia, 7.9%; Argentina, 2.1%; Perú, 1.9%; Ecuador, 1.4% y Brasil, 0.6%.
Las finanzas públicas de nuestro país enfrentan un panorama difícil: pasivos crecientes –como el gasto en pensiones– e ingresos estancados, lo cual reduce nuestros recursos disponibles para ejecutar políticas públicas y financiar proyectos de infraestructura. En estas circunstancias, y si lo que se desea es impulsar el crecimiento económico –lograr, al menos, una tasa de 2% anual–, es necesario considerar un plan para detonar la inversión en infraestructura y coordinar los esfuerzos con el sector privado y los gobiernos locales. El proyecto de presupuesto 2020 plantea que los privados participen con 40 mil millones de pesos. No presenta propuesta sobre cómo pueden contribuir los gobiernos locales.
[1] Lo que se conoce como Inversión Física Pública
[2] Datos de Global Infraestructure Outlook. Se refiere a inversión en infraestructura económica, que incluye siete sectores: carreteras, electricidad, telecomunicaciones, agua, infraestructura ferroviaria, puertos y aeropuertos. No considera infraestructura social en educación, vivienda, educación, entre otros.